¿Tiene Estados Unidos intereses en Nicaragua?
La transición en Venezuela ya parece haber iniciado: desde la salida de Maduro hasta las recientes reformas energéticas y de amnistía aprobadas por una Asamblea de mayoría chavista. Algo similar ocurre en Cuba, que lleva semanas bajo presión energética por parte de Estados Unidos. Se perfila así una nueva realidad vinculada a una doctrina geopolítica orientada a reafirmar la hegemonía estadounidense en las Américas.
Esta doctrina se estructura sobre intereses concretos: reducir la migración hacia Estados Unidos, contener el narcotráfico y otros factores de desestabilización regional, desplazar a potencias extranjeras del ámbito económico, político y militar y, sobre todo, establecer un vínculo económico directo y favorable para Washington.
Este último elemento parece incluso el más determinante. Lo evidencian la exigencia de acuerdos sobre minerales estratégicos en Ucrania, los proyectos inmobiliarios en Gaza, la presión sobre la industria petrolera venezolana y la intención de habilitar inversiones turísticas en La Habana mediante negociación política. Surge entonces la pregunta: ¿qué puede ofrecer realmente Nicaragua a Estados Unidos?
El sandinismo en el centro de los intereses de Washington
El sandinismo ha pasado la última década en confrontación abierta con Estados Unidos. No solo expulsó migración propia —419.253 nicaragüenses detectados en la frontera estadounidense entre 2020 y 2024—, sino que además facilitó el tránsito de migrantes de terceros países: en 2023, alrededor de 200.000 personas utilizaron Nicaragua como ruta aérea hacia Estados Unidos.
El país se convirtió así en un corredor migratorio: los viajeros llegaban legalmente a Managua y luego avanzaban por tierra a través de Honduras, Guatemala y México hasta la frontera norte. Según autoridades estadounidenses, el Estado nicaragüense obtenía ingresos mediante permisos de tránsito y tasas aeroportuarias.
En materia de seguridad, Nicaragua mantiene cooperación militar y de inteligencia con Rusia, Cuba y, recientemente, Irán. Se sabe que existen bases militares y centros de espionaje en territorio nicaragüense de estas potencias extranjeras, y se prevé que esta cooperación continúe también con China.
Al mismo tiempo, ha fortalecido sus relaciones con China en infraestructura y minería. Se ha firmado un tratado de libre comercio y legislación sobre zonas económicas especiales destinadas a ser ocupadas por empresas chinas. Es visible la inversión china en Managua y, aún más preocupante para Estados Unidos, la gestión de puertos marítimos está pasando a manos de compañías de ese país. El oro se ha consolidado como su principal producto de exportación: en 2023 952 millones de dólares, convirtiéndose en una de las principales fuentes de divisas del gobierno.
ALBANISA podría ser la clave
El acceso a las minas de oro nicaragüenses ya representa un atractivo económico, pero existe un elemento adicional: la estructura financiera de ALBANISA, a través de la cual se canalizó durante años la cooperación venezolana. Entre 2007 y 2019, estos flujos totalizaron entre 3.000 y 3.500 millones de dólares, configurando un sistema paralelo de financiamiento que operó fuera de los mecanismos presupuestarios tradicionales del Estado nicaragüense.
En créditos petroleros, las obligaciones asociadas alcanzaron aproximadamente 3.500 millones de dólares y posteriormente fueron reestructuradas a través de ALBANISA, propiedad de PDVSA (51 %) y PETRONIC (49 %), utilizada para financiar el aparato de propaganda, corrupción y clientelismo en Nicaragua. En un contexto en el que Estados Unidos ejerce presión directa sobre el sector energético venezolano, esta estructura financiera se vuelve un punto especialmente sensible: un mecanismo indirecto capaz de impactar simultáneamente la estabilidad política y económica del régimen. Por su naturaleza jurídica híbrida —entre deuda comercial, cooperación estatal y financiamiento político— resulta particularmente vulnerable a acciones regulatorias o judiciales externas.
Bajo este escenario, la oposición democrática nicaragüense podría señalar a Washington que la deuda petrolera administrada por ALBANISA constituye un punto de presión ejecutable. Al tratarse de obligaciones vinculadas al sistema petrolero venezolano —ya sujeto a control estadounidense— su activación legal abriría un nuevo flanco de presión económica sobre el régimen sandinista. No se trataría de sanciones generales, sino de exigir el pasivo adeudado por ALBANISA a PDVSA o, directamente, intervenirlo como socio mayoritario y auditar su gestión, lo que podría revelar amplias redes operativas del sandinismo.
Nicaragua se ha convertido en una pieza funcional dentro de un tablero geopolítico mucho más amplio, donde Washington busca recomponer espacios de influencia y reducir la presencia de actores externos en el continente. La combinación entre vulnerabilidades económicas, dependencias financieras acumuladas y un modelo político cerrado coloca al régimen sandinista ante un escenario en el que cualquier presión externa puede tener efectos multiplicados.
La pregunta correcta no es si la doctrina “Donrou” llegará a Nicaragua; la suerte ya está echada y las piezas colocadas. La cuestión es cuándo, si dará tiempo a Rubio y qué mecanismo se utilizará. ALBANISA podría ser una ficha clave: lo que alguna vez representó el brazo fuerte de las finanzas sandinistas podría convertirse en su ruina.
